Es un organismo público descentralizado que administra el recurso hídrico en la provincia de Mendoza, reglamentando y fiscalizando su uso. Tiene autarquía institucional, presupuestaria y jerarquía constitucional.

Su función principal es la de administración general de las aguas públicas.

Son de su competencia todos los asuntos referidos al recurso hídrico, como la preservación, distribución y regulación de las aguas en sus cauces naturales y artificiales.

Desde el comienzo

En el año 1884 por el Art. 189 de la Ley General de Aguas, lo crea como Departamento General de Aguas, en 1894, cambia a Departamento de Irrigación, siendo modificado nuevamente en 1916 (Secc.VI), donde recibe la denominación con que hoy lo conocemos. Es el órgano de mayor antigüedad y jerarquía en la administración del recurso hídrico de Mendoza.

Por mandato constitucional tiene como misión gestionar junto a la comunidad de usuarios el recurso hídrico para el abastecimiento poblacional y productivo de la provincia; asegurando así, sustentabilidad, transparencia, equidad y eficiencia en la distribución del agua.

Los usuarios participan a través de las Inspecciones de Cauce que se encargan de administrar la red secundaria de riego, con facultades de monitoreo y sanción. Poseen autarquía, aunque sujetas al control legal y presupuestario que ejerce el DGI.

A través del trabajo en conjunto entre el organismo del agua, las Inspecciones de Cauce, Asociaciones de usuarios y actores sociales involucrados en el crecimiento productivo de la provincia, se realiza la administración de tan vital recurso para los mendocinos.

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